La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anunció este martes la imposición de sanciones contra tres empresas privadas por proporcionar información falsa con el objetivo de obtener contratos públicos. Se trata de Ravisa Autos del Oriente, Gen Industrial y Escore Alimentos, las cuales fueron inhabilitadas temporalmente para participar en procesos de contratación o celebrar convenios con la administración pública federal.
Las resoluciones correspondientes fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que las compañías quedaron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.
Ravisa Autos del Oriente
En el caso de Ravisa Autos del Oriente, la dependencia impuso una multa de 175 mil 367 pesos y una inhabilitación de tres meses para contratar con el gobierno federal.
La sanción derivó de la comprobación de que la empresa entregó datos falsos en su documentación fiscal durante una licitación nacional para la adquisición de camionetas pick up nuevas. La irregularidad se detectó en la constancia de cumplimiento de aportaciones patronales, un requisito obligatorio para acreditar la legalidad y transparencia de los proveedores.
Gen Industrial y Escore Alimentos
Por su parte, Gen Industrial y Escore Alimentos recibieron multas individuales de 157 mil 685 pesos, además de la prohibición de contratar con instituciones públicas por un periodo de tres meses.
Gen Industrial fue sancionada por presentar documentación engañosa en un concurso relacionado con el servicio de recolección de residuos para la Secretaría de Salud. En tanto, Escore Alimentos incurrió en una falta similar al falsear su opinión de cumplimiento de obligaciones de seguridad social, mientras buscaba obtener un contrato para el servicio de alimentación de pacientes y personal médico.
Protección del gasto público
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno subrayó que las sanciones se aplicaron con estricto apego a la ley y bajo criterios de proporcionalidad, con el objetivo de proteger los recursos públicos frente a prácticas irregulares.
“Las medidas buscan salvaguardar la transparencia y evitar intentos de engaño en los procesos de contratación pública”, destacó la dependencia.
La autoridad reiteró que continuará reforzando los mecanismos de vigilancia y control para garantizar que las empresas que contraten con el gobierno cumplan con la normatividad vigente.
