La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) instó a las autoridades mexicanas a reconsiderar la reforma judicial propuesta, al advertir que su implementación podría perpetuar el poder de los grupos políticos dominantes y debilitar la independencia del Poder Judicial.

Marcelo Gallo Tagle, presidente de la organización, expresó su rechazo a la iniciativa, ya que considera que elegir jueces mediante voto popular representa una “grave amenaza” a la independencia judicial y a la separación de poderes, pilares esenciales de un Estado democrático de derecho.

“La justicia debe ser administrada por jueces imparciales y autónomos, libres de presiones políticas y económicas”, señaló FLAM en un comunicado. Añadió que la reforma podría debilitar la protección de los derechos fundamentales y el orden democrático.

La FLAM, fundada en 1977 en Santiago de Chile, agrupa a magistrados de 18 países de América Latina y tiene como misión defender la independencia judicial y fortalecer los sistemas democráticos en la región.

Gallo advirtió que la reforma mexicana forma parte de una tendencia regional conocida como “constitucionalismo abusivo”, en la que se usan mecanismos legales para modificar las reglas del juego democrático sin romper con los procedimientos formales, pero con el objetivo de desestabilizar a la oposición y concentrar el poder.

“La reforma en México es un claro ejemplo de este tipo de abuso”, afirmó. “Desestabiliza las instituciones de control y consolida el poder de los grupos políticos en el poder”.

Criticó que la elección de juzgadores por voto popular compromete su imparcialidad y autonomía, ya que serían seleccionados por su popularidad y no por méritos profesionales. Además, alertó que esta modalidad impediría que el Poder Judicial actúe como contrapeso frente a los otros poderes del Estado.

“La legitimidad del Poder Judicial no proviene del voto, sino de su papel como defensor de las minorías frente a las mayorías”, subrayó.

También advirtió sobre el riesgo de que el crimen organizado financie campañas de aspirantes a jueces, lo que pondría en peligro la eficacia de la justicia penal. “El Poder Judicial podría convertirse en un foro de protección de intereses criminales”, advirtió.

Finalmente, criticó que la sustitución de los actuales juzgadores federales en las elecciones de 2025 y 2027 violaría la ley vigente, al aplicar cambios de forma retroactiva, lo que generaría inestabilidad institucional y pérdida de confianza en el sistema judicial.